Seguro que a muchos indignó la inesperada clausura del Borrego Viudo, aunque si somos honestos, debemos de aceptar que al cerrar dicho establecimiento, las autoridades sólo hacían lo que día a día les exigimos, que no es otra cosa que cumplir la ley.
Cierto que los del Borrego Viudo son unos de los mejores tacos que uno puede encontrar para bajarse la borrachera, o para curarse una cruda, pero al mismo tiempo, se trata de un establecimiento que violaba las regulaciones establecidas en las leyes mercantiles, por lo que podemos decir que probablemente, su clausura fue más que merecida.
Sin embargo, el caso de esta taqueria es tan sólo una mínima muestra de todos los changarros que pueden operar de manera irregular en nuestro país, a cambio de la entrega de “apoyos económicos” a los inspectores y funcionarios encargados de revisar que las cosas operen como la ley lo indica. Otros ejemplos, pueden ser el Lobohombo, el News Divine y todos los antros que siguen permitiendo el ingreso de menores de edad o que se fume al interior de sus instalaciones; hoteles que construyen en reservas ecologicas como ocurre en la Riviera Maya; puestos ambulantes que venden peliculas piratas, y por supuesto, gasolineras que no venden “litros de a litro”.
¿Y a que viene todo esto?
La noche de ayer, nos encontramos con una columna de Salvador Garcia Soto, publicada en El Universal sobre uno de los escándalos que retratan a la perfección la realidad de nuestro país.
Se trata de las denuncias hechas por extorsión desde hace varios meses por el sector gasolinero, que acusan a Gladis Lopez Blanco, ex subprocuradora de Verficación de la Procuraduria Federal del Consumidor, de liderar una red de extorsión al interior de la Profeco, en la que se exigía a la Organización de Expendedores de Petroleo (que agrupa y representa a poco mas de 8 mil gasolineras que existen en todo el país) la entrega de $50 mil pesos mensuales por gasolinera, a cambio de avisarles sobre posibles inspecciones que podrían sufrir sus negocios, para verificar que en realidad sirvieran “litros de a litro”.
¿Y que pasaba con las gasolineras que no se mochaban? Pues les mandaban “operativos” de manera inadvertida, para comprobar que sus bombas no despacharan “litros chiquitos”.
Aunque la PGR mantiene abierta una investigación sobre estas denuncias y aunque se ha detenido a varios funcionarios de Profeco, Gladis Lopez Blanco renunció, por “motivos personales”, a su puesto dentro de la Procuraduria Federal del Consumidor, pensando que con ello terminaría con el escándalo que le persigue, sin saber que a la fecha, siguen existiendo varias voces que la señalan como cabecilla de esta red de extorsión y de haber colocado a uno de sus más cercanos colaboradores como su sucesor en la subprocuradora de verficación de la PROFECO.
¿Lo peor del asunto?
Descubrir que Gladis Lopez Blanco es esposa, ni más ni menos, que de Salvador Vega Casillas, secretario de la Función Publica, y cuya chamba consiste justamente ¡en vigilar que no existan actos de corrupción en instituciones gubernamentales!
Uno de los slogans de campaña de Felipe Calderon, era la frase “con las manos limpias”, sin embargo, Transparencia Mexicana señala que en los últimos 4 años, se han cometido cerca de 200 millones de actos de corrupción, cuyos montos rebasan los 32 mil millones de pesos.
¿No es paradójico que la esposa del señor que debería de combatir la corrupción en nuestro país, este involucrada en un escándalo de tal magnitud?
¿No debería Salvador Vega Casillas separarse de su puesto como secretario de la Función Publica hasta que se aclare la situación de su esposa?
¿O de plano estos dos no se hablan en la cama?
